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UNA POR UNA: LAS PIEZAS DE LA BALACERA EN OZONAMPIATO

Uno: El lunes 6 de mayo, en el Cusco, una combi repleta de pobladores de Kepashiato es baleada en la ruta a Quillabamba por una patrulla de 18 militares de la Brigada 33 de La Convención y dos policías de la comisaría de Kiteni.

Dos: Las versiones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y de las víctimas civiles difieren en preocupantes aspectos clave, como si se dio o no la orden de alto al vehículo, quién inició y continuó los disparos, y hacia dónde fueron dirigidos estos.

Tres: Solo uno de los ocupantes de la combi tenía un lejano y refutado antecedente de vinculación con el terrorismo: José Rosendo Aspur Osco. Dos datos acerca de él: es testigo clave del caso de la matanza de Lucmahuayco, cuando en 1984 un grupo de policías y militares ejecutó a 34 pobladores –entre ellos su hermano–, culpándolos de terrorismo; y actualmente es presidente de la asociación de padres del colegio Javier Pérez de Cuéllar, de Kepashiato, oponiéndose a la presencia de militares y policías que han tomado la escuela como base.

El último miércoles, dos días después del confuso incidente en que miembros de una patrulla de fuerzas combinadas abrieron fuego sobre una combi que trasladaba a pobladores de Kepashiato hacia Quillabamba, en la región Cusco, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan José Quispe denunció que su cliente José Rosendo Aspur Osco había sido herido como parte de un complot para “amedrentarlo” por ser un testigo clave de la matanza de Lucmahuayco.

El alcalde de Kepashiato, Rosalío Sánchez, afirmó también que Aspur era el objetivo de un amedrentamiento, aunque por un motivo distinto: por su oposición a la presencia militar y policial en la escuela de la ciudad por el riesgo que representa para los jóvenes y niños ante los ataques terroristas.

Además, la mayor parte de los pobladores de esta zona mantiene su desconfianza por la presencia de militares en la zona por lo sucedido durante la dictadura fujimontesinista y porque hay un sector de la población del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) que tiene vinculaciones o se dedica a la siembra de coca para el narcotráfico.

Sin embargo, a estos hechos se sumaron, en los días sucesivos, tres declaraciones, dos de ellas del gobierno, que sugieren un ‘peloteo’ para dar explicaciones y parecen dar asidero a las denuncias de amedrentamiento.

Cuatro: El fiscal provincial de Echarate, Humberto Romero Pacheco, confirma cuatro días después del incidente que entre los investigados están militares de la base contraterrorista de Venecia y dos policías de la comisaría de Kiteni. Este último dato sugeriría que ambos policías no forman parte del destacamento regular, circunstancia que contribuye a la versión del abogado de Aspur.

 

Cinco: El viernes, en el curso de sus explicaciones del hecho en el Congreso, al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, se le pregunta por los dos policías de la comisaría de Kiteni involucrados, mas no por las acusaciones de amedrentamiento sobre Aspur, quizá por considerarlas exageradas. Cateriano responde que él no sabe, pero que le pasará nota de la consulta al ministro del Interior.

Seis: El mismo viernes, poco después de las declaraciones de Cateriano, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirma desde Ayacucho: “El caso Kiteni lo ve el Ministerio de Defensa”.

Hay 40 testigos de la matanza de Lucmahuayco que ahora ya no querrán declarar por temor

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), defensor de José Rosendo Aspur Osco en el caso Lucmahuayco, ratificó ayer su denuncia de que hay “hechos sospechosos” en el incidente del último lunes que sugieren un amedrentamiento hacia su cliente y otros 40 testigos del caso.

“En el contexto del juicio que se lleva a cabo en la Sala Penal Nacional de Lima por el caso Lucmahuayco, no es extraño lo que ha ocurrido en la balacera. Hay más de 40 testigos que ahora no van a querer declarar, como sucedió con algunos de ellos el último viernes”, afirma el abogado.

“A ello agreguemos lo que me informan, que dos de los involucrados en la balacera del lunes, precisamente los dos policías, trabajan en la comisaría de Kiteni. Yo tengo información de que algunos de los policías implicados en el caso Lucmahuayco se niegan a declarar porque viven ‘en poblados a diez horas del Cusco’. Yo me pregunto, ¿alguno de ellos no trabajará en la comisaría de Kiteni?”, agrega.

Quispe también habla de dudas respecto a la declaratoria de emergencia en la zona y la versión de que había un terrorista oculto sobre el vehículo, así como por la antigüedad del arma encontrada y atribuida al no habido personaje.Y recuerda que las fotos de la camioneta baleada muestran las huellas de impacto de los disparos en la zona del chofer, así como las ventanas y el techo del vehículo.

“Dice el Comando Conjunto que hay estado de emergencia, pero los pobladores hacen esa ruta usualmente, a todas horas y sin salvoconducto. Dice también que un hombre al que no hallaron se sube a la combi y dispara él solo a una patrulla con esa arma antigua que dicen haber encontrado. ¿A qué estamos jugando, a los magníficos? ¿Y los casquillos? Los militares y policías no han querido matar, coincido. Pero, luego de esto, pregunto: ¿Cree usted que los testigos del caso Lucmahuayco van a querer declarar?

Sepa más:

“El señor Aspur es un testigo importante en el caso Lucmahuayco, que tiene dos fases importantes: la primera, en que una comisión liderada por el entonces congresista Fernando Olivera descubre fosas de asesinatos extrajudiciales por parte de militares en localidades alrededor de Salaverry, con la ayuda de mi cliente, en setiembre de 1984. Poco después, en noviembre de ese mismo año, una columna de elementos de la Guardia Civil ingresa a Lucmahuayco y mata a 34 pobladores”. Juan José Quispe, abogado de Rosendo Aspur Osco.

Mariano Vásquez

Fuente: http://diario16.pe/noticia/27218-una-por-una-las-piezas-de-la-balacera-en-ozonampiato

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