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UN NUEVO RETROCESO: SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

En nuestro país, ese que en el extranjero es visto como la joya de América del Sur, las autoridades se esfuerzan por demostrar que seguimos siendo una sociedad profundamente atrasada. Digo todo ello, por la descabellada idea que ha tenido este Gobierno, a través del Ministro de Defensa, de restablecer en el Perú el “servicio militar obligatorio”, disfrazado esta vez de sorteo público.

El atropello a la libertad individual de los jóvenes (de los más pobres, eso lo veremos luego) se configuró con la promulgación del Decreto Supremo 001-2013-DE-EP, el mismo que a la letra dice así:

-      Artículo 1: Apruébese el llamamiento extraordinario de personal de la Clase 1995 y clases anteriores, para la incorporación voluntaria al Servicio Militar Acuartelado correspondiente al año 2013, en caso de que con el llamamiento ordinario no se logre alcanzar el número de seleccionados necesarios.

 

-      Artículo 3: Si, con el llamamiento extraordinario no se logre alcanzar el número de seleccionados voluntarios necesarios para el Servicio Militar Acuartelado, se procederá de inmediato con el sorteo establecido en el artículo 50 de la Ley del Servicio Militar, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1146.

Las justificaciones de este atentado contra la libertad

Los defensores de esta aberración jurídica, entre ellos el congresista Luis Iberico, que ha demostrado que de derecho no conoce absolutamente nada, dicen que como este supuesto estaba previsto en una ley entonces no hay nada que discutir, y por ende, los chicos no tienen otra opción que servir a la patria les guste o no.

El problema con este tipo de justificaciones es que la misma lógica nos puede llevar a defender atrocidades contra los derechos y libertades de las personas amparándonos en la existencia de una ley que como esta tiene serios vicios de inconstitucionalidad. ¿Se puede obligar a un muchacho a exponer su vida sin su consentimiento? ¿Puede el Estado disponer alegremente del futuro de los más jóvenes sin importar lo que ellos quieren? Yo creo que no.

Las autoridades castrenses han señalado que en la actualidad se requieren 60 mil voluntarios que presten servicio militar para cubrir todas las necesidades que la institución demanda. Asimismo, han señalado que hoy en día el número de jóvenes que prestan servicio militar voluntario no llega ni a la mitad de la cifra antes mencionada. ¿Y quién es el responsable de esta situación? ¿Quién debió generar una política de defensa inteligente que corrija este problema? Adivinaron, el único gran responsable es el Estado.

¿Por qué en nuestro país se desactivó el servicio militar obligatorio?

Como bien nos lo recuerda Wilfredo Ardito, profesor de Derecho de la Pucp, el servicio militar obligatorio se abolió debido a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían contra los reclutas. Muchos casos fueron denunciados pero en muy pocos se sancionó a los verdaderos responsables, los cuales, en más de una oportunidad, fueron impunemente encubiertos por los jefes de los cuarteles.  

Pero lo más terrible de todo esto era que si uno analizaba el perfil de los jóvenes que cumplían con el servicio militar obligatorio encontraba que la mayoría de ellos provenían de familias pobres que no contaban con los recursos necesarios como para iniciar acciones legales contra aquellos que agredían a sus hijos al interior de los cuarteles. Eso no ocurría en el caso de las familias de clase media o alta, pues siempre encontraban la manera de evitar que sus hijos fuesen seleccionados para esta tarea. En otras palabras, sólo los hijos de las familias pobres eran “seleccionados” para servir obligatoriamente a la “patria”.

¿Queremos soldados baratos y sin derechos laborales?

Han pasado quince años desde que en el Perú se instauró el servicio militar voluntario. Muchos dicen que eso ha sido un fracaso y que a los jóvenes no les interesa servir a la nación. Yo me pregunto: ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a poner su integridad en peligro a cambio de una propina: el soldado recibe S/.256, el cabo S/.292, un sargento segundo S/.329 y un sargento primero S/.365 nuevos soles? ¿No es mejor acaso diseñar una política de incentivos que haga mucho más atractiva la opción de servir voluntariamente al Perú?

Si analizamos con atención este asunto nos daremos cuenta de que lo que en realidad quiere el Estado es contar con muchachos que trabajen para él a cambio de una propina que no llega ni siquiera al sueldo mínimo vital. Dicho de otro modo, el Estado quiere soldados baratos, personal al que no le tenga que garantizar los derechos laborales mínimos que todo trabajador merece. ¿Tan poco valora el Estado a nuestros jóvenes?

Otros defensores de este atentado contra el sentido común afirman que servir a la patria es un honor y que todos estamos obligados a dar la vida por nuestro país. La reflexión que hacen estos señores es tan estúpida que no me detendré a rebatirla porque sé que a toda persona con más de dos neuronas este argumento le ocasionará una muy fuerte carcajada. No obstante ello, quiero plantear tres preguntas: ¿El patriotismo nace con la promulgación de una ley? ¿El amor a la patria puede ser declarado por decreto? ¿Se puede obligar a una persona a querer algo cuando este sentimiento no surge de manera espontánea? Naturalmente que no. Por eso esta posición es tonta e inútil.

Las excepciones

Ahora bien, la norma (inconstitucional desde todo punto de vista), señala que están exonerados de este proceso de selección: 1) Personas con discapacidad física o mental grave y permanente, 2) Aquellos que acrediten ser los responsables del sostenimiento del hogar; 3) Jóvenes que estén cursando estudios universitarios; 4) Los que sufren pena privativa de libertad (era más que obvio), 5) Residentes en el extranjero; y 6) Los que acrediten estar prestando servicios a la comunidad.

Muy bien, si esas son las excepciones, por qué no incluimos también a los jóvenes que son padres de familia, a los que estudian una carrera técnica y no universitaria, a los que sin tener a cargo el sostenimiento de su familia contribuyen económicamente con la misma dentro de sus posibilidades, o simplemente a aquellos que trabajan dignamente porque así lo han decidido hacer. ¿Es que acaso estos supuestos no son igual de atendibles como los que la citada norma establece? He allí el problema de promulgar una norma con tantos vicios de inconstitucionalidad y con tan escaso rigor técnico.

¿Qué pasa si un muchacho que es seleccionado no se presenta?

Para coronar el disparate cometido, la norma señala que estos jóvenes serán sancionados con una multa del 50% de la Unidad Impositiva Tributaria. Es decir, si usted tiene un hijo que ha sido seleccionado para el servicio militar obligatorio y no quiere que este lo cumpla, debido a los serios riesgos que ello trae consigo para su vida, o por cualquier otra razón, simplemente deberá acercarse al lugar que corresponda (intuyo que será el Banco de la Nación) y pagar S/. 1850 nuevos soles.

Esto último hace que la norma en sí misma sea absolutamente discriminatoria. Volveremos a épocas pretéritas en las cuales los hijos de los más pobres eran quienes cumplían el servicio militar obligatorio. Estoy seguro de que cualquier padre que tenga la posibilidad económica de librar a su hijo de este atentado contra su libertad personal estará gustoso de pagar esa suma de dinero.

Más aún, si tomamos en cuenta los serios problemas de infraestructura de nuestras Fuerzas Armadas y el escaso nivel educativo que estas brindan a sus propios agentes: ¿Qué cosas positivas aprendería un joven que fue obligado a estar en un cuartel en contra de su voluntad? Si yo tuviera un hijo, no lo dudaría dos veces y empezaría ahora mismo a juntar el dinero requerido para pagar la dichosa multa.

Reflexión final

El Gobierno vuelve a caer en el efectismo, cree que con salidas torpes podrá corregir problemas estructurales. Al Gobierno parece no importarle el respeto por los derechos de sus ciudadanos, pretende violar la libertad de los jóvenes para cubrir las necesidades que su incapacidad y desinterés le han impedido atender.

Las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional del Perú, requieren una urgente reforma, un cambio de timón que las lleve por el camino de la modernización y profesionalización. Necesitamos contar con personal altamente calificado, gente con formación especial que sea capaz de enfrentar a la criminalidad, el terrorismo y el narcotráfico. No podemos obligar a los jóvenes a pelear una batalla que los adultos no hemos sido capaces de afrontar con valor y decisión.

El Gobierno, con este tipo de medidas, nos demuestra que estamos muy lejos de ser una sociedad medianamente civilizada en la cual el respeto por los derechos y las libertades marcan la conducta de los poderes públicos. Por eso, esta iniciativa supone un retroceso en ese duro proceso que ha empezado el país para la construcción de una mejor y mayor ciudadanía para todos los peruanos.

Rafael Rodríguez Campos*

 


*Abogado Pucp. Investigador en temas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Cursa estudios de maestría en Ciencia Política y Gobierno en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pucp.

 

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